Uno de los principales desafíos para las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) es ayudar a las empresas financiadas a concienciarse de que la buena gobernanza, el comportamiento medioambiental y social y, en particular, el cumplimiento de los derechos de los trabajadores son componentes esenciales de su éxito y de su durabilidad y que, por tanto, deben integrarlos permanentemente en su estrategia.
Gobernanza empresarial
BIO trabaja para preservar y mejorar las buenas prácticas que existen en materia de gobernanza empresarial. El efecto de una buena gobernanza es la mejora de los resultados de las empresas y su acceso a la financiación, estimulando así el crecimiento económico sostenible.
BIO da prioridad al refuerzo de los procedimientos existentes y al desarrollo de las herramientas de evaluación de los resultados, en particular durante las fases de diligencia y, en segundo lugar, en el marco de seguimiento de los proyectos para evaluar los progresos realizados.
BIO tiene previsto formar a sus colaboradores para que puedan asesorar a las empresas beneficiarias en la materia. Según el caso, también podrán recibir subvenciones de los fondos de peritaje para la asistencia técnica.
BIO se adhiere a las siguientes directrices:
Responsabilidad social y medioambiental
BIO define la responsabilidad medioambiental y social como una manera de proteger y valorizar el modo de vida de las comunidades en las que intervienen la empresa y sus clientes. BIO tiene en cuenta las implicaciones medioambientales y sociales durante todo el ciclo de vida del proyecto e incorpora los principios y buenas prácticas en la materia en todos los niveles, desde el modelo estratégico comercial hasta la toma de decisiones cotidiana.
En el marco de los grupos de trabajo sobre armonización de las normas en el seno de EDFI, la mayoría de las IFD europeas (BIO entre ellas) adoptaron recomendaciones medioambientales y sociales comunes conocidas con el nombre de "Consenso de Roma". En particular, tratan de categorizar los riesgos y estandarizar así las acciones que hay que emprender en función del nivel de riesgo medioambiental y social identificado durante los diferentes estados del ciclo de un proyecto de inversión. En función de la categoría de los riesgos, las acciones para reducir dichos riesgos pueden adoptar distintas formas: desde la intervención de un experto independiente para realizar una auditoría completa hasta la realización de una simple autoevaluación, o desde la redacción regular de actas por un organismo externo hasta la redacción de actas ad hoc, en caso de producirse modificaciones en las condiciones o durante un incidente específico.
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